El Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico


por Wanda Pérez Carcador

El Proyecto de la Cámara de Representantes 1003, que fuera presentado a vistas el pasado 30 de septiembre (redactado por los representantes Hernández Montañez, Varela Fernández, Matos García, Santa Rodríguez, Soto Arroyo y Torres Cruz) ha sido objeto de preocupaciones de parte de diversos sectores públicos y organizaciones ciudadanas debido al proceso acelerado para su revisión. En artículo redactado para Microjuris.com por MaríaSoledad Dávila Calero, la autora presenta los siguientes aspectos que resultan preocupantes a diversos sectores comunitarios:

1. Recortes a las pensiones y el traspaso de empleados a un sistema de retiro de contribución definida

2. El calculo de la deuda que hace la JSFA se enfoca en el principal de la deuda y no toma en cuenta otros pagos que están considerados bajo el PAD

3. Se argumenta que el pago a largo plazo de un plan de ajuste de deuda que no sea sostenible podría extender el proceso judicial de la deuda, y llevaría a una “segunda quiebra”, en la cual los bonistas ya tendrían un derecho propietario sobre el acuerdo de reestructuración, por lo cual se haría más difícil evitar medidas de austeridad adicionales.

4. Ausencia de proyectos de parte de la legislatura que fueran acordes con la Ley de Retiro Digno.

Entre los antecedentes que vinculan el Plan de Ajuste de Reestructuración de la Deuda (PAD) incluyen que, en el 2016, con el objetivo de proveerle un respiro al Gobierno de Puerto Rico en torno a la potencial avalancha de reclamaciones por parte de sus acreedores, el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley federal conocida como la Ley PROMESA. Esta ley estableció, en su Título III, un procedimiento de quiebras que incorporaba una amplia porción de las disposiciones del Código de Quiebras, al cual Puerto Rico tendría acceso en aras de restructurar su monumental deuda.

Para el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), con el aval del gobierno de turno, presentó una petición de restructuración de deuda al amparo del Título III de PROMESA. Se estimaba que el Estado Libre Asociado tendría que restructurar $35 mil millones como parte del susodicho proceso de restructuración. Este proceso no solo conllevaría un litigio altamente técnico y contencioso, sino que conllevaría que el liderato gubernamental puertorriqueño se viera en la obligación de cumplir con los planes fiscales diseñados y certificados por la JSAF.

La alternativa propuesta por la Cámara de Representantes ante estos escenarios era la aprobación del Plan de la Cámara 1003, que, de ser ratificado por el Gobierno y los acreedores, y posteriormente confirmado por el Tribunal de Título III, representaría el último peldaño en el proceso de restructuración de la deuda de Puerto Rico. Este Plan incluía los acuerdos alcanzados con las diversas clases de acreedores de obligaciones del Gobierno Central. Estas clases incluyen a los bonistas de obligaciones generales, sindicatos de empleados públicos, el Comité de Acreedores No Asegurados y el Comité Oficial de Retirados, entre otros.

Antes los sucesos imprevistos (huracanes y temblores de tierra) acontecidos en la isla que incidieron negativamente en el quehacer diario, se alargó la presencia de la Junta en Puerto Rico. Según la Exposición de Motivos presentada en el Proyecto de la Cámara 1003, la JSAF había presentado una séptima versión enmendada del PDA para Puerto Rico ante el Tribunal de Titulo III, por lo cual la omisión de considerarla representaría un riesgo de volver al proceso de negociación. Algunas partes involucradas en la quiebra del país han sugerido que el Tribunal de Titulo III también ostenta el poder de imponerle el Plan de Ajuste al Gobierno sin el aval de la Asamblea Legislativa, por lo cual la alternativa ante este escenario era la aprobación del Plan. De ser ratificado el Plan por el gobierno y los acreedores, y posteriormente confirmado por el Tribunal del Título III, ello representaría el último peldaño en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

Al ser aprobado por el Senado el día 6 de octubre de 2021, el proyecto de la Cámara 1003, ya integraba acuerdos incluidos en el Plan de Ajuste o Reestructuración de la deuda que reducían la deuda pública del gobierno central en aproximadamente un 50%. Ello implicaba una reducción de la deuda publica de $70 mil millones, a $34 mil millones y la deuda de bonos de obligaciones generales y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de 18.8 mil millones a $7.4 mil millones. Aunque lo aprobado por el Senado aún no se encontraba disponible para la fecha anteriormente mencionada, algunos cambios que se hicieron al proyectopor parte del Senado incluían los siguientes aspectos:

1. Cero recortes a las pensiones para el 100% de los retirados

2. Asignación fija de $500 millones en el presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de 5 años (se congelan los recortes programados)

3. Creación de Fondo Fiduciario de Becas Universitarias

4. Creación de Fondo Especial para la Igualdad Social (se ha considerado una propuesta a ser legislada próximamente para crear un fondo permanente que combata la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico)

5. Cubierta médica para el 100% de la población

6. Creación de un Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecte inversión continua

7. Establecimiento de grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa, Ejecutiva y la Junta de Supervisión y Administración Financiera

Dado a que la versión aprobada por el Senado, la semana pasada era distinta a la aprobada por la Cámara de Representantes, se estima que la misma regresará a la Cámara para que al menos una mayoría esté de acuerdo con las enmiendas que se hicieron en el Senado.

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