Comunidad sorda y la (des)igualdad de acceso a mensajes del Gobierno


Por: Pamela Bernard Boígues


Necesito entenderte. Soy sorda. No pongan intérpretes para el COVID nada más. Necesitamos intérpretes de lenguaje de señas en todo lo que usted vaya (a) hablar”.

Este fue el mensaje que escribió una ciudadana a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a través de las redes sociales, en respuesta a la falta de intérprete de lenguaje de señas en un mensaje televisivo reciente.

Temblores de tierra, pandemia global, impacto del polvo del Sahara, racionamiento de agua, tormenta tropical, inundaciones, interrupción del servicio de energía eléctrica y otras adversidades en el 2020, nos obligan a estar pendientes de la información que ofrece el Gobierno por el medio televisivo. Lamentablemente, el sector de la población puertorriqueña compuesto por las personas sordas está en desventaja al momento de recibir dicha información por no poder entender la misma.

Una búsqueda de las conferencias de prensa, mensajes y anuncios importantes realizados por la Gobernadora desde el mes de marzo de 2020 hasta mediados de julio, revela que, de aproximadamente 35 ocasiones en las que la primera mandataria se ha dirigido al país, en 12 veces la comunidad sorda se ha quedado sin recibir el mensaje por falta de intérprete de lenguaje de señas.

La inconsistencia en proveer intérpretes de lenguaje de señas en anuncios y publicidad visual con sonido NO es excusable. El Gobierno tiene la obligación de proveer intérpretes de lenguaje de señas en todas sus comunicaciones.

A continuación, explicamos la importancia de que las personas sordas reciban un trato equitativo al momento de obtener información de parte del Gobierno. Además, discutimos las leyes que obligan a las entidades gubernamentales a utilizar intérpretes de lenguaje de señas en sus anuncios o publicidad visual con sonido.

Recuerda que, independientemente de si tenemos o no alguna deficiencia auditiva, como ciudadanos responsables, es importante que conozcamos esta información para lograr la inclusión social y la sana convivencia en una sociedad más justa.



LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD SORDA EN PUERTO RICO

Se estima que la comunidad sorda en Puerto Rico se compone de aproximadamente 200,000 personas. Esta comunidad es muy diversa y tiene individuos de todos los niveles socioeconómicos, antecedentes educativos y grupos étnicos. Los sordos y las sordas son seres humanos inteligentes y productivos, que votan, pagan impuestos y realizan, al igual que los ciudadanos con capacidad para escuchar, una multiplicidad de tareas que aportan al buen funcionamiento de la sociedad puertorriqueña.

Las personas que integran la comunidad sorda no tienen audición o solamente la tienen parcialmente, por lo que no pueden entender una conversación hablada, con o sin el uso de un audífono. En consecuencia, la mayoría de las personas sordas hablan con sus manos y gestos, haciendo uso del lenguaje de señas. Según su definición formal, el lenguaje de señas es un sistema de gestos visuales creado por personas sordas, para expresar conceptos, basados en gestos naturales, características de las cosas, o gestos inventados sin relación con el concepto.

No existe un lenguaje de señas universal. Hay una variedad de lenguajes de señas y variaciones en las comunidades sordas en los diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el lenguaje de señas más utilizado es el American Sign Language(ASL). Sin embargo, se dice que en Puerto Rico se utiliza el Lenguaje de Señas Puertorriqueño (PRSL), que consiste en una variación del ASL unido a señas únicas de Puerto Rico. De igual manera, muchos grupos de personas sordas en las distintas regiones del país tienen su propia versión del lenguaje de señas puertorriqueño.

Según indican expertos en la materia, la lengua de señas es fundamental en la vida de las personas sordas ya que facilita que puedan desarrollar ideas y garantiza que puedan integrarse en la sociedad. Por lo tanto, el acceso al lenguaje de señas para las personas sordas es clave para poder eliminar las barreras de comunicación que pueden experimentar en su diario vivir.

DEBER DEL GOBIERNO

Existen leyes que garantizan el acceso al lenguaje de señas para que las personas sordas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que sí tiene audición completa.

En el escenario de las comunicaciones del Gobierno que incluyen sonido, como lo serían los mensajes de la Gobernadora transmitidos por televisión, hay dos leyes importantes que establecen mecanismos para que las personas sordas puedan entender. A continuación, resumimos lo que disponen estas leyes.

Americans with Disabilities Act (Ley ADA)

La Ley ADA es una ley federal que aplica en Puerto Rico, según lo indica expresamente el Congreso en la propia Ley. El Título II de esta Ley establece que ningún individuo con una discapacidad puede, por razón de esta discapacidad, ser excluido de los beneficios de servicios, programas o actividades de una entidad pública, ni ser sujetos a discrimen por parte de dicha entidad. Según se define en la Ley, un individuo con discapacidad es aquella persona con una condición mental o física que limita sustancialmente una o más de sus actividades cotidianas.

Para propósitos de la Ley ADA, una entidad pública incluye al gobierno estatal y local, sus agencias y sus instrumentalidades.Por lo tanto, cuando la Gobernadora provee servicios, programas y actividades a través de su oficina, como parte de su labor en la Rama Ejecutiva, entra en la definición de entidad pública de la Ley ADA.

En cuanto a los deberes de las entidades públicas, la Ley establece que éstas deben garantizar que las comunicaciones con los miembros del público que tengan discapacidades sean igual de efectivas que las comunicaciones con otros. Además, se requiere que las entidades públicas provean acomodo razonable utilizando servicios y apoyo auxiliar apropiado, lo cual incluye intérpretes certificados de lenguaje de señas.

Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 266 de 2018)

La Ley Núm. 266 de 2018 se aprobó con la intención de que toda publicidad visual que contenga sonido y que provenga de entidades gubernamentales, utilice un intérprete de lenguaje de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.

En la exposición de motivos de esta Ley, se indica que la comunidad sorda necesita ser considerada en igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la información de interés público, como cualquier otro ciudadano oyente. Además, la exposición señala que todos tenemos, por igual, el derecho a ser escuchados e informados.

El mandato de la Ley es claro al expresar que todo anuncio y publicidad visual que tenga sonido y que sea utilizada por cualquier entidad gubernamental, debe contar con un visual de un intérprete de señas dentro de su contenido, para que comunique la idea que se transmite con sonido.

La sección 4 de esta Ley establece que el visual del intérprete de señas no puede ser más pequeño que una tercera parte del tamaño total de la pantalla, de forma que los gestos y expresiones de las señas puedan verse claramente. Además, establece la Ley que se deben incluir subtítulos en el visual.

APUNTES SOBRE SUBTÍTULOS Y EL VISUAL CON INTÉRPRETE

Queda claro que el Gobierno tiene el deber de proveer un intérprete de lenguaje de señas en cualquier comunicación que incluya sonido. Sin embargo, la manera de proveer asistencia para que la comunidad sorda pueda entender los mensajes debe ser atendida cuidadosamente. No se trata de colocar a cualquier intérprete en algún lugar de la pantalla televisiva y ya.

En primer lugar, es indispensable que el intérprete provisto tenga la preparación y el conocimiento suficiente para poder interpretar el mensaje con señas puertorriqueñas. Considerando que hay intérpretes con diferentes especialidades, aquel que tenga la responsabilidad de llevar el mensaje de la entidad gubernamental debe conocer los conceptos y la manera apropiada de interpretarlos.

Por otra parte, la Ley Núm. 266 de 2018 requiere que el mensaje gubernamental incluya subtítulos. Sin embargo, debemos recordar que el lenguaje de señas es un lenguaje separado y diferente al español, por lo que algunas personas sordas que no conocen el español y no pueden leer, no entenderán el mensaje transmitido. Inclusive para aquellas personas sordas que sí conocen y leen el español, en ocasiones se les hace muy difícil captar el mensaje en su totalidad debido a la rapidez del subtitulado.

En cuanto al visual del intérprete de lenguaje de señas, un comunicado reciente del World Federation of the Deaf (WFD) sugiere que, en mensajes gubernamentales, el intérprete esté físicamente presente, se sitúe junto al orador, de cara a la audiencia, y su imagen aparezca en pantalla completa. En aquellos casos en que la presencia física del intérprete no sea posible, la WFD recomienda que la imagen del intérprete sea de por lo menos la mitad de la pantalla o, en la alternativa, un 25% de la pantalla (una tercera parte). Todo esto garantiza que la persona sorda pueda ver claramente los gestos y señas del intérprete.

EN BUSCA DE LA IGUALDAD

Todos los seres humanos tenemos derecho a acceder y entender la información en general. Cuando se coloca a un grupo de ciudadanos en desventaja con respecto al acceso de información esencial para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles, se pierde el respeto a la dignidad e igualdad.

El lenguaje de señas es inseparable de los derechos humanos de las personas sordas, pues les permite la comunicación y participación en sociedad. De igual manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que dentro del derecho fundamental a la libre expresión está comprendido también el derecho a recibir información. Por esta razón, la falta de acceso a la información que enfrentan las personas sordas niega su derecho a la libre expresión, un derecho que es necesario en una sociedad libre y democrática como la nuestra.

Al momento de recibir información del Gobierno, es vital que la comunidad sorda reciba un trato equitativo. Esto se logra eliminando las barreras comunicativas a través del uso de intérpretes de lenguaje de señas y cualquier otro acomodo razonable. A partir de la aprobación de la Ley Núm. 266 de 2018, se ha visto un incremento en el uso de intérpretes en muchos mensajes del Gobierno que son televisados. Sin embargo, la implementación de esta Ley no puede ser selectiva o inconsistente, y debe ejecutarse en todas las comunicaciones.

Nos toca a todos seguir discutiendo el tema de acceso a información que tienen las personas sordas e insistir en el cumplimiento de las leyes relacionadas. Los cambios a favor de la comunidad sorda pueden lograrse mediante la reflexión y el entendimiento de la importancia del trato equitativo y de la realidad estas personas en el País. Recordemos que la igualdad debe estar acompañada del reconocimiento de las diferencias.

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